LA INSEGURIDAD CARCELARIA EN COLOMBIA se ha convertido en una preocupación cada vez más acuciante, con consecuencias devastadoras para la sociedad. Las políticas de seguridad del gobierno parecen priorizar la protección de los derechos de los delincuentes sobre la seguridad de los ciudadanos y los funcionarios encargados de mantener el orden en las prisiones. Esta situación genera un ambiente de impunidad donde los criminales se sienten protegidos y los agentes penitenciarios enfrentan constantes amenazas a su integridad física y emocional. La falta de garantías para los funcionarios que ejercen la seguridad en las cárceles colombianas crea un ciclo de temor y desconfianza que dificulta enormemente la labor de rehabilitación y reinserción de los reclusos. Además, la corrupción y la sobrepoblación carcelaria agravan aún más esta crisis, minando la efectividad de cualquier intento por mejorar las condiciones dentro de las prisiones. Urge implementar políticas integrales que prioricen la seguridad de todos los involucrados en el sistema penitenciario y que promuevan una cultura de responsabilidad y justicia para abordar de manera efectiva este problema que afecta a toda la sociedad colombiana.
